José "Tato" Rivera Santana

El escenario cambió y la discusión política aún no lo refleja. El gobernador cree que es gobernador, cuando apenas le pemiten administrar el presupuesto impuesto por los siete procónsules de la Junta de Control Fiscal. Los legisladores creen que legislan, pero su actuación está reducida en el marco de lo permitido por el Plan Fiscal y el presupuesto que la Junta certifica. Los alcaldes, con poquísimas excepciones, apuestan a un milagro y creen que podrán convencer a Natalie Jaresko, a la vez reconocen que la mitad de sus ayuntamientos desaparecerán. Mientras, los tribunales del “ela” se quedaron “sin velas en este entierro”. En síntesis, las tres ramas del gobierno de Estados Unidos, el Congreso, el Tribunal Supremo y el Ejecutivo, han rechazado a los puertorriqueños y están decidiendo directamente, a su antojo. Antes lo hacían, pero disimulaban.

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Los puertorriqueños llevamos muchos años empantanados en unas rutinas electorales que al final terminan casi siempre con resultados desfavorables al bienestar del país y de la mayoría de la población. No hay duda de que el bipartidismo y el oportunismo electoral operan como una terrible camisa de fuerza, un obstáculo para cualquier buena iniciativa. En el fondo de esa tragedia encontramos que el peor lastre de todos es el colonialismo, la falta de poderes para hacer lo que hay que hacer y asegurarnos una vida digna y de justicia social. A nombre del Estado Libre Asociado (ELA) y de la Estadidad se ha administrado al país desde hace más de sesenta años. En ese mismo periodo los problemas sociales se han incrementado, la incertidumbre económica es cada vez peor, el daño a nuestro ambiente se ha multiplicado y más de la mitad de nuestra población se ha visto forzada a emigrar.

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Tres fueron los objetivos principales de la ley Promesa. Primero, mediante el Título III, garantizar un proceso ordenado para que los acreedores pudieran cobrar parte de sus bonos y préstamos que hicieron al gobierno y a las corporaciones públicas. Segundo, proteger al Tesoro de Estados Unidos de cualquier reclamación de los bonistas, derivada de la deuda de Puerto Rico (Ley Promesa, SEC. 210) y, tercero, evitar comprometer un solo centavo de los contribuyentes estadounidenses en la “atención” de la crisis fiscal (Paul Ryan, El Nuevo Día, 13 de abril de 2016). Por eso la ley no contiene ninguna medida de desarrollo económico y ningún paquete de “ayuda” financiera.

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¿Cuántas veces nos ha pasado o conocemos de alguien que ha sufrido daños materiales, económicos o emocionales por vicios de construcción o por actividades comerciales y de otra índole indeseadas?

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