Viernes, Julio 28, 2017

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El País y la UPR en la encrucijada

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El gobierno de Puerto Rico está en manos de la Junta de Control Fiscal. Ella aprueba el presupuesto en última instancia, revisa leyes, puede vender activos del país y no está sujeta a ser demandada. Con la Junta no existe el concepto de la Revisión Judicial. Un país en el que mandan siete personas en aspectos tan cruciales de la vida de ese país, es un país gobernado por una dictadura legitimada por leyes federales.



Aun cuando los miembros que la componen alegan que operan para restablecer la economía de Puerto Rico, el hecho de tener poderes plenarios ,no sujetos a frenos y contrapesos de la Judicatura local, ni la federal, como tampoco de la Legislatura, que son nuestros funcionarios electos, los convierte en un ente ilegitimo e inmoral. Su poder sobre nuestra patria se explica porque la relación colonial con Estados Unidos permitió su creación. Nadie nos consultó sobre la creación y los poderes que habría de ejercer la Junta de Control Fiscal. Ningún gobierno que alegue ser democrático, puede ser regido por funcionarios no electos, con poderes omnímodos sobre sus gobernados.

A la Universidad de Puerto Rico le quieren recortar $450 millones, sin estudios que lo justifiquen y sin consulta previa a sus dirigentes, que permita un análisis serio de las consecuencias, o la presentación de alternativas que las eviten. A esto se oponen los estudiantes a costa de su propio bienestar y seguridad, tanto física como académica.

La UPR reciproca en servicios, mucho más que lo que recibe por su fórmula presupuestaria. Cada dólar público que se envía a la UPR es una inversión que deja grandes ahorros en bienes y servicios que, de otro modo, tendría que asumir el Estado a un costo mayor.

Por ejemplo, la Estación Experimental desarrolla proyectos de siembras que maximizan el desarrollo de nuestra agricultura. Igualmente asesora agricultores que solicitan hacer más eficientes sus cultivos y lograr el control de plagas que de otro modo ellos no Sabrían combatir. La Clínica de Asistencia Legal de la UPR tiene diez secciones que amplían la base gratuita de acceso a la justicia que no puede cubrir Servicios Legales, la Sociedad de Asistencia Legal o Pro Bono Inc. Nada más en servicios al  fideicomiso del Caño de Martin Peña, se dieron servicios en la Clínica de la UPR por aproximadamente 640 horas que al gobierno le hubiera costado cientos de miles de dólares si hubiera tenido que pagar por ellos.

También aportan en asesoramiento la Escuela de Trabajo Social, Planificación, Administración Pública y la de Periodismo. Basta con los ejemplos dados para comprender, si tenemos un ánimo no prevenido, que la Universidad de Puerto Rico le ahorra millones de dólares al país que invierte una parte de su presupuesto (solo 8%), en ella.

Nadie es perfecto, el movimiento estudiantil no lo es, como no lo fueron los gobiernos que en distintas épocas nos llevaron  a la quiebra. La máxima imperfección e ilegitimidad reside en el poder federal que entronizó el coloniaje en Puerto Rico y lo reviste de legalidad con la imposición de la Junta de Control Fiscal. Atacan la Universidad porque es un foco de resistencia contra los poderes que llevan al país a la quiebra y al subdesarrollo, sin alternativas viables contra las medidas impuestas.

La Universidad y sus componentes, están ejerciendo el rol moral de cuestionar la subordinación de nuestro pueblo. Sus estudiantes en lucha, son símbolo irreductible de creación intelectual y de propuestas sensatas para salir de la crisis económica. Por ello, en esta encrucijada vital, estamos a su lado. (endi.com)


Fundación Juan Mari Brás

 

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