La terminación de las operaciones de la MINURSO (Misión de la ONU en el Sahara Occidental):
perspectivas de confrontación mayor entre el Frente Polisario y el Reino de Marruecos
Alejandro Torres Rivera
19 de noviembre de 2026
Se ha anunciado el pasado 31 de octubre el fin de la misión encargada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para la supervisión de la seguridad establecida en la región del Sahara Occidental. Simultáneamente se indica un recrudecimiento de los enfrentamientos militares entre el Reino de Marruecos y la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). A lo largo de décadas la población saharaui, representada por el Frente Polisario, ha venido desarrollando una lucha por el reconocimiento del derecho de su población a su libre determinación e independencia.
“Polisario” es un acrónimo de “Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro”. Tifariti, su capital, se encuentra localizada a pocos kilómetros del lugar donde se encuentra el muro construido por Marruecos en suelo saharaui, dividiendo de norte a sur el territorio tras su ocupación de gran parte de lo que se llamó el Sáhara Español o Sáhara Occidental. Este muro cuenta con una extensión 2,720 kilómetros. En su entorno, Marruecos ha colocado millones de minas antipersonales y 150 mil efectivos militares a la vez que mantiene una constante vigilancia electrónica.
La “Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental”, también conocida como MINURS fue creada asignándole la responsabilidad de velar por el alto al fuego en el territorio y crear las condiciones para llevar a cabo un referéndum de libre determinación bajo la supervisión de la ONU. Si bien fue pautado para enero de 1992, nunca se llevó a cabo.
En este ex dominio colonial español conquistado originalmente a Marruecos en 1860, hoy enclava la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). En 1920 pasó a ser un protectorado, quedando más adelante integrado como una provincia de España en 1957. La RASD cuenta hoy con un territorio que abarca 266 mil kilómetros cuadrados, casi 30 veces el tamaño de Puerto Rico con una población estimada en poco más de medio millón de habitantes.
La RASD ha sido reconocida como representante de la población saharaui por veintenas de países en el mundo, así como desde el 16 de octubre de 1975, por la Organización por la Unidad Africana. Existe un dictamen de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, indicando que no ha encontrado “vínculos jurídicos de tal naturaleza que puedan afectar la aplicación de la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General”, aprobada en 1960, para “la descolonización de Sáhara Occidental y, en particular, al principio de autodeterminación a través de la libre y genuina expresión de la voluntad de los pueblos del territorio.”
En 1967 la Organización de las Naciones Unidas le planteó al Estado español la independencia del territorio, entonces disputado entre el Reino de Marruecos, Mauritania y Argelia. A partir de 1973, con la fundación del Frente Polisario, se produjo una innovadora guerra de liberación, adaptando los principios de la guerra de guerrillas a condiciones del desierto.
En 1975 se firmaron los llamados “Acuerdos de Madrid”. En virtud de éstos España, sin contar para nada con la voluntad de la población saharaui, cedió el territorio y sus habitantes a Marruecos y Mauritania, algo similar a lo que hizo con sus territorios de ultramar en 1898 tras la guerra hispano-cubana-americana en los acuerdos del Tratado de París. En el caso de este ex territorio español, tanto el Reino de Marruecos como Mauritania, enfrentaron la resistencia del Frente Polisario que, con el apoyo de Argelia, proclamó la independencia del territorio el 26 de febrero de 1976, fundando la República Árabe Saharaui Democrática y promulgando una Constitución.
La guerra desarrollada por el Frente Polisario contra Mauritania llevó eventualmente a que dicho país renunciara a sus pretensiones sobre el territorio saharaui que ocupaba. En el caso del Reino de Marruecos, sin embargo, con el apoyo de Estados Unidos, este país decidió anexar ilegalmente gran parte del territorio saharaui y llevar a cabo el traslado de población marroquí hacia dicha región. Su propósito era evidente. Ante una eventual consulta por parte de las Naciones Unidas, tal como lo determinara la decisión de la Corte Internacional de Justicia, la población marroquí en el territorio, al participar de la consulta, ante la poca población saharaui del territorio, sería quien decidiría la opción de integrarse a Marruecos. Con esta estrategia Marruecos ha pretendido ahogar el reclamo de libre determinación de la población saharaui que reclama constituirse en un Estado independiente y soberano.
A pesar de que una parte de la población saharaui la constituyen tribus que aún al presente son nómadas y viven en tiendas localizadas en zona desérticas, otra gran parte de la población vive hoy en día en campamentos para refugiados localizados en el territorio ocupado por Marruecos y en Tinduf, Argelia, en casas construidas en adobe. Actualmente el Reino de Marruecos se refiere al territorio ocupado como sus “Provincias Meridionales”.
En el año 1991 una porción del territorio saharaui pasó a quedar bajo administración de las Naciones Unidas en lo que hoy se denomina como “Sáhara Liberado”.
En 1997, Kofi Annan, siendo secretario general de las Naciones Unidas, nombró a James Baker III, ex Secretario de Estado de Estados Unidos, como mediador en el conflicto. Ello ocurre a pesar de la complicidad de Estados Unidos con el Reino de Marruecos en el desconocimiento de los acuerdos alcanzados para una consulta supervisada de un referéndum de libre determinación.
Mediante los “Acuerdos de Houston” promovidos originalmente por Baker, se alcanzó un compromiso fijando una hoja de ruta con un calendario de eventos que culminaría en una consulta el 8 de diciembre de 1998. En ella la población del territorio ejercería, bajo supervisión internacional, su derecho a la libre determinación. Desde esta fecha al presente, sin embargo, Marruecos ha descarrilado todos los esfuerzos para que la consulta se lleve a cabo.
En el año 2000, Marruecos propuso la sustitución de la propuesta hecha en el “Plan Baker” por la creación de un estado autonómico bajo la soberanía marroquí. En el plan de Marruecos, los saharauis renunciarían a la consulta bajo la supervisión internacional de la ONU. De esta propuesta surgió, como una modalidad del Plan Baker original, una nueva iniciativa titulada “Acuerdo Marco del Estatuto del Sahara”. Allí se propuso la creación de un “Consejo Ejecutivo”, con una amplia definición en torno a sus competencias y un “Consejo Legislativo”, el cual sería designado por los habitantes de los territorios residentes en el mismo hasta el año 2000; es decir, incluiría la participación de “no nacionales” del territorio en la consulta. Bajo esta propuesta, al cabo de cuatro años, este cuerpo político discutiría con Marruecos un estatus político final que excluiría la independencia como opción política. La propuesta, como era de suponer, fue rechazada por el Frente Polisario.
En el año 2002, Argelia propuso a las Naciones Unidas la administración directa del territorio saharaui. No obstante, Kofi Annan, en su condición de Secretario General de la ONU, propuso cuatro opciones: (a) continuar con el “Plan de Arreglo”, incluyendo el referéndum de libre determinación; (b) continuar con el llamado “Acuerdo Marco”, aunque con ligeras modificaciones; (c) comenzar negociaciones para la partición del territorio; y (d) la entrega a la Misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental.
En el año 2003 surgió otra variante de “Plan Baker” en el cual se propuso un estatuto de autonomía por espacio de cuatro años; luego del cual, entre 2007 y 2008, se llevaría a cabo una consulta en la cual los saharauis decidieran su futuro político. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas asumió como suya la propuesta, procediendo a prorrogar el mandato de la Misión de la ONU. Desde entonces, no ha habido cambios fundamentales en la situación. Mientras tanto, Marruecos continúa llevando a cabo acciones para asegurar su control futuro del territorio, como la ocurrida el 8 de noviembre de 2010, donde en un campamento saharaui en las afueras de la ciudad de Aaiún, capital de la República Árabe Saharaui Democrática actualmente ocupada por Marruecos, durante protestas contra la ocupación marroquí y en demanda por la libre determinación, los manifestantes fueron atacados por fuerzas del ejército de Marruecos.
El territorio saharaui, si bien en su superficie es un terreno totalmente desértico, posee en su subsuelo yacimientos petroleros que al día de hoy están siendo explotados por Marruecos en su beneficio. Su mayor riqueza, sin embargo, son las abundantes minas de fosfato.
Luego de 28 años en espera de la realización de la consulta sin que se haya efectuado en conformidad por lo resuelto por la Corte Internacional de Justicia, la tolerancia de la población saharaui se agotó.
Durante los días 19 y 20 de diciembre de 2019 se llevó a cabo el XV Congreso del Frente Polisario. En su discurso en este Congreso, Brahim Ghali, nuevo dirigente del Frente tras la muerte de su líder histórico, Mohamed Abdelaziz, fue enfático al señalar: “El Frente Polisario no puede continuar tratando de la misma manera con los esfuerzos de las Naciones Unidas, a menos que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas asuma su responsabilidad y compromiso de implementar todas las disposiciones descritas en el Plan de Arreglo ratificado por las dos partes en 1991.”
El 13 de noviembre de 2021 Ghali declaró roto el alto al fuego decretado entre su país y Marruecos en 1991. La ruptura vino luego de que tropas marroquíes penetraran en la parte sur del territorio de la RASD en lo que se conoce como “zona de amortiguamiento de Guerguerat”, cercana a Mauritania. Desde entonces se ha recrudecido la lucha del pueblo saharaui frente el Reino de Marruecos, y éste por la apropiación del territorio reclamado por la República Árabe Saharaui Democrática.
Ambos lados del muro, y en una profundidad de 30 kilómetros, el territorio se consideraba como zona desmilitarizada. Sin embargo, nuevos armamentos en poder de las partes permiten el lanzamiento de proyectiles desde distancias superiores a dichos 35 kilómetros, lo que escapaba a la supervisión por parte de la misión militar de paz ordenada por las Naciones Unidas.
De acuerdo con la página electrónica publicada en España AgendaPublica, en escrito de Alex Ribeiro de 9 de noviembre de 2026 se indica que se dará una nueva ecuación en el Sahara Occidental a raíz de la terminación de las operaciones de MINURSO en dicho territorio, luego de una presencia de más de 35 años. Entre los elementos que destaca el autor se encuentra la modernización del armamento del Frente Polisario por parte de la República Islámica de Irán y la organización Hezbolá, así como la utilización del territorio argelino para el envío del armamento. De hecho, indica que hay evidencia de “una red de suministro de armas activa durante años de guerra de desgaste al este del muro defensivo.”
La República Árabe Saharaui Democrática ha manifestado su disposición a buscar una solución pacífica y duradera al conflicto a partir de la adhesión a los principios y objetivos bajo el derecho internacional, incluyendo el respeto a las fronteras existentes para el logro de su independencia, soberanía y respeto a su integridad territorial. Para ello cuentan no sólo con el apoyo de las Naciones Unidas sino también de la Organización para la Unidad Africana
La lucha del pueblo saharaui no podemos verla desvinculada de la lucha del pueblo palestino y de otros pueblos en Europa que, como en Puerto Rico, reclamamos el fin de la sujeción colonial y proclamamos la intervención de la comunidad internacional en el reclamo por el respeto a la libre determinación e independencia.
Mas claro no puede cantar un gallo. Urge de las Naciones Unidas actuar a tiempo para evitar otro conflicto que, en definitiva, regará una vez más, las arenas del desierto como resultado de nuevos enfrentamientos bélicos que a la larga deberá asumir el pueblo saharaui en la defensa de ese derecho irrenunciable a la libre determinación e independencia.
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