5 de septiembre de 2026
Durante la presentación de mi libro 24 Años de Intervencionismo de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela, llevada a cabo en la Librería El Candil en Ponce el 13 de junio, surgió la tan esperada pregunta por parte de uno de los asistentes sobre mi opinión de la actuales relaciones de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, con la Administración Trump y sus hasta entonces alegadas negociaciones en torno a los recursos naturales del país, particularmente el petróleo. Se cuestionó, además, la pobre respuesta del Estado venezolano ante la agresión militar de Estados Unidos con el consabido secuestro de su presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, luego de haber afirmado tantas veces la capacidad de la Fuerza Armada Nacional Venezolana y sus milicias para enfrentar una invasión por parte de Estados Unidos.
Para ese momento ya se escuchaban voces internas en Venezuela, no de la tradicional Oposición derechista, sino de ex funcionarios de alto relieve del gobierno venezolano bajo la presidencia de Hugo Chávez y el propio Nicolás Maduro, planteando la traición al proceso bolivariano, entre otros, de la presidenta encargada Delcy Rodríguez; del Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justica y Paz, Diosdado Cabello; y Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.
Todavía en aquel momento entendíamos que debíamos valorar y comprender la situación en la cual se encontraba la presidenta encargada y su gobierno, ante la disyuntiva de una respuesta militar masiva de parte de Estados Unidos a Venezuela. Señalábamos el poder de destrucción que podría llevar a cabo dicho país contra objetivos militares y civiles en Venezuela, afectando gravemente la infraestructura; la imposición de mayores sanciones económicas; el regreso de manifestaciones violentas (guarimbas) de la derecha que colocaran al país en un caos total; la división en el seno de la Fuerza Armada Nacional Venezolana, hasta entonces unida; y una posible guerra civil con las consecuencias que esto traería para Venezuela y el resto de la región.
Las intenciones de Estados Unidos hacia Venezuela tras la captura y secuestro de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores quedaron plasmadas claramente en la Orden Ejecutiva 14.373 del 9 de enero de 2026 donde ya indicaba, en relación al petróleo venezolano, que “los pagos que reciba Venezuela por cuenta del petróleo deben realizarse en los Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros o en otra cuenta que el Tesoro estadounidense indique.” Se desconoce al presente cuánto dinero ha obtenido Estados Unidos por esta vía.
Señalé entonces en El Candil que aún era muy temprano para asumir posturas definitivas sobre el devenir del proceso político en Venezuela y que, por lo tanto, había que darle un espacio a la presidenta encargada y su gobierno para, en medio de una situación tan incierta, lograr algunos objetivos centrales como: (a) detener los intentos de la derecha por revertir el proceso político en Venezuela; (b) desalentar o impedir los planes de saqueo de los recursos naturales de Venezuela por parte de Estados Unidos; (c) aliviar las carencias impuestas por las sanciones económicas contra el país y sus habitantes; (d) mantener la unidad de la Fuerza Armada Nacional Venezolana; (e) frenar una intervención mayor de las fuerzas armadas de Estados Unidos en Venezuela; y (f) garantizar el orden y la estabilidad del país.
Ciertamente en ese momento nadie podía poner la mano en el fuego estableciendo con certeza el rumbo que asumiría el proceso venezolano. De la misma manera, no se encontraban dentro del radar los efectos que producirían al país los terremotos ocurridos el 24 de junio de 2026 y su secuela de destrucción y desolación en zonas cercanas a la capital del país, principalmente en la región de La Guaira.
La situación, sin embargo, ya comienza a perfilarse de una manera distinta. Nos dice el canal de noticias en español de RT que luego del pasado 28 de agosto, “cesaron las especulaciones”. De acuerdo con declaraciones de Donald Trump, Estados Unidos y Venezuela alcanzaron “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”, lo que no es por sí mismo negativo entre dos Estados si no fuera por la manera en que Marco Rubio también se refiere al mismo catalogándolo como una “gran victoria”. Donde se proclama una gran victoria, es porque se considera ha habido una gran derrota. Indica la fuente periodística que Rubio se refiere al “acuerdo” como inscrito en la política de Casa Blanca en materia de relaciones exteriores de “América First”. Se trata de la manera en que Estados Unidos se arroga el derecho a controlar los recursos naturales de la región por motivos de su alegada seguridad nacional, aunque como ha sido en el caso de Venezuela, se haga por la fuerza armada.
La presidenta encargada no ha dejado de señalar la posición de su gobierno demandando la excarcelación del presidente Maduro y su esposa, y creó una Comisión de Alto nivel de la cual participa el propio hijo de Maduro, cuya responsabilidad es dar los pasos necesarios para lograr la excarcelación y el regreso al país de los secuestrados el 3 de enero. De la misma manera, aplaude el acuerdo con Estados Unidos indicando que “facilitará un importante flujo de inversiones destinadas a la recuperación y reconstrucción de infraestructura energética para el desarrollo” de la industria local de hidrocarburos. El texto del acuerdo es desconocido, y sus implicaciones levantan la bandera de “a qué precio”. En su declaración da las gracias a Trump y Marco Rubio por sus ejecutorias en lograr el llamado acuerdo.
El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) hasta ahora ha apoyado institucionalmente las gestiones de la presidenta encargada en torno al acuerdo negociado con Estados Unidos. Básicamente utiliza el mismo argumento de la presidenta. A esto, la presidenta encargada añade que el acuerdo permitirá mejorar los salarios de los trabajadores, los servicios a la población, los centros sanitarios y educativos, la infraestructura y la seguridad energética, todas estas áreas que a lo largo de los años han estado impactadas por las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos.
En los pasados meses la presidenta encargada ha hecho la sustitución de importantes mandos y directivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como de la policía y de los órganos de seguridad interna. Dentro de los cambios implantados se incluye el regreso de asesores cubanos a su país; el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Israel; acceder a la petición de Estados Unidos de sacar a Venezuela de la Corte Penal Internacional y ha modificado la “Ley Orgánica de Hidrocarburos de Venezuela”, allanando el espacio para la privatización e inversión privada de los recursos del petróleo y gas natural. Esta Ley requiere que en cualquier contrato con terceros, sea el sector privado u otros Estados, Venezuela mantenga la mayoría de las acciones.
El acuerdo sobre el acceso a las reservas de petróleo venezolano por parte de Estados Unidos le permitirá a los Estados Unidos el control de más de 65 mil millones de barriles de petróleo, donde el Departamento de Guerra de Estados Unidos tendría una participación de 35% en una empresa privada estadounidense-venezolana con contratos de arrendamiento a 100 años en 17 campos petroleros. Los 65 mil millones de barriles de petróleo representan una quinta parte de las reservas petroleras en el subsuelo venezolano las cuales ascienden a 303,000 millones de barriles, equivalentes a 500 años de explotación continua al ritmo actual.
Se indica que en la negociación de este acuerdo estuvo ausente el debate público y la acción parlamentaria. Esto violenta los artículos 150 y 187 de la Constitución venezolana; el primero, señalando que le corresponde a la Asamblea Nacional discutir y aprobar cualquier acuerdo en torno a los recursos naturales; el segundo, señalando que “toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos.”
Por su parte, el Artículo 12 de la Constitución dispone que “los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República, son bienes de dominio público y, por lo tanto, inalienables e imprescriptibles.”
La presidenta encargada, sin embargo, ha señalado lo siguiente:
“Como todos lo saben, nuestro país tiene las mayores reservas del mundo. Pero tener recursos bajo tierra, no es suficiente: necesitamos inversión, tecnología, infraestructura, capacidad productiva para convertir esa riqueza en bienestar para nuestra gente. De nada sirve tener nuestras reservas petroleras, únicamente para que aparezcan en una estadística, en una contabilidad y podamos decir ‘somos la mayor reserva del mundo’, cuando no podemos convertirlas y traducirlas en desarrollo para Venezuela.”
A juicio de la presidenta encargada, los ingresos que derivaría Venezuela en este acuerdo podrían llegar, tomando como base el precio actual del barril de petróleo que se estima en $65.00, a la suma de $209,335 millones. De otro lado, críticos del acuerdo señalan que si se toma en consideración dicha suma y se contrasta con el tiempo de duración del acuerdo, de lo que estamos hablando sería de aproximadamente $8,400 millones por año, una suma inferior a lo que se obtenía en el pasado.
Organizaciones como el Partido Comunista de Venezuela (PCV), denunciaron el acuerdo alcanzado el pasado 31 de agosto. A tales efectos, en Declaración escrita el Buró Político del Comité Central señaló:
“Estamos ante una política estadounidense orientada a garantizar sus propios intereses energéticos y estratégicos mediante el control creciente sobre los recursos venezolanos.”
En su Declaración “exige transparencia, soberanía, control democrático y partición popular.”
Trump, al referirse al acuerdo, ha señalado que con él, Estados Unidos ha pagado la guerra que lleva a cabo, incluyendo la movilización naval llevada a cabo antes del 3 de enero de 2026 en el Caribe. Señala que se trata del mejor acuerdo que jamás se haya hecho.
Francisco Rodríguez, economista venezolano e investigador del Centro de Investigación en Economía y Política en la Universidad de Denver, señala, contrario a la presidenta encargada y de acuerdo con lo expresado por Trump que el acuerdo es una concesión de 100 años—no de veinticinco-- “bajo términos muy oscuros, sin que haya habido licitación, sin que haya habido un proceso transparente, básicamente una asignación discrecional que se está haciendo a una compañía cuyo propietario es una persona muy cuestionada por sus actividades pasadas involucrando el gobierno venezolano, y los beneficios de este acuerdo para Venezuela verdaderamente son cuestionables.” Estados Unidos ha indicado que el acuerdo conllevará una inversión de $100 mil millones.
Para Francisco Rodríguez, la situación actual de Venezuela tiene como referente aquella de Iraq y Afganistán, o en el pasado la de Cuba, República Dominicana y Haití, donde en un momento dado tales países pasaron a ser un “protectorado” de los Estados Unidos. Indica que “en vez de un cambio de régimen” Estados Unidos procura “la subordinación del régimen, que el régimen cumpla con lo que se le pide.”
Si bien sigue siendo incierto el futuro de Venezuela, le corresponde al pueblo venezolano y no a nadie más, determinar el curso a seguir, pero ha de hacerlo en el marco del ejercicio de sus derechos soberanos y en la defensa de las conquistas sociales alcanzadas en las pasadas dos décadas y media de revolución bolivariana, aquellas cuyas raíces fueron sembradas en su día por Simón Bolívar y en tiempos más recientes por el Comandante Hugo Cháve
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