Alejandro Torres Rivera
1 de octubre de 2026


El 5 de agosto de 2022 publicamos un artículo titulado El saqueo de las reservas de oro de la República Bolivariana de Venezuela depositadas en el Banco de Inglaterra. Para entonces Delcy Rodríguez ocupaba la vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela y el cargo de Ministra de Economía y Finanzas. En el escrito señalamos que Rodríguez había denunciado la semana anterior la decisión de un Tribunal Superior en Londres negándose a reconocer como válido un fallo del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que afirmaba el derecho de la Junta del Banco Central de Venezuela, nombrada por el presidente Nicolás Maduro Moros, de reclamar la devolución de 32 toneladas de oro venezolano depositadas en la banca británica.

El pleito había tenido su origen el 14 de mayo de 2020 cuando el presidente de la Junta del Banco Central de Venezuela, Calixto Ortega, acusó al Banco de Inglaterra de violentar el contrato de depósito de los activos venezolanos. De acuerdo con Ortega, el Banco de Inglaterra se negó a transferir 930 millones de euros, respaldados por dichos depósitos en oro, a un fondo de las Naciones Unidas para combatir la epidemia de la COVID-19 en Venezuela.

Tras la designación por el Parlamento venezolano de Juan Guaidó como “presidente encargado” de Venezuela tras desconocer el resultado de las elecciones de 2018 donde Nicolás Maduro Moros revalidó como presidente constitucional,  el “presidente de encargo”, Juan Guaidó, nombró una Junta Directiva del Banco Central de Venezuela disputando la legitimidad de la Junta Directiva en funciones. La legalidad de los nombramientos de Guaidó fueron cuestionados y el Tribunal Supremo de Venezuela resolvió mediante sentencia la ilegalidad de los mismos.

Sin atenerse al fallo, los funcionarios designados por Juan Guaidó, reclamaron el derecho de disponer de los depósitos en oro consignados en el Banco de Inglaterra. La controversia llegó a los tribunales británicos. Tras cuatro días de juicio, la Jueza Sara Cockerill, dispuso mediante sentencia que “no hay bases” para reconocer un fallo de la corte venezolana que declaró inconstitucional la designación de los nombramientos hechos por Juan Guaidó a la junta directiva del Banco Central de Venezuela. Más aún, la funcionaria judicial sostuvo en su fallo, como si esta no fuera una característica de muchos otros sistemas judiciales, que los nombramientos de los jueces del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela eran jueces que contaban con el apoyo del gobierno de Nicolás Maduro, por lo que sus decisiones no eran reconocidas bajo la ley británica.

Tras conocer el fallo del tribunal británico, la entonces vicepresidenta venezolana indicó:

“Esa decisión del tribunal británico  realmente está sometida, subordinada, amordazada a las decisiones de la corona británica. Decisiones que pueden ser destempladas y sobre las mismas no corresponde ningún tipo de control judicial.”

Entonces, Delcy Rodríguez señaló que el fallo respondía a “la ficción” y al gobierno ficticio encabezado por el criminal Juan Guaidó, el que autoproclamándose “presidente encargado” de Venezuela, nombró por su parte otra Junta para el Banco Central de Venezuela. Esta otra Junta reclamó ser la representante legítima del Banco y como tal señalar que ella era la entidad a la cual le correspondía controlar lo relacionado a las 32 toneladas del oro venezolano.

Para formar una idea del despojo del patrimonio venezolano con dicha decisión judicial, el peso de una tonelada equivale a 2 mil libras. Toda vez que una libra la componen 16 onzas y cada onza de oro se cotizaba en aquellos momentos en los mercados internacionales en alrededor de $1,700.00, el tumbe de recursos económicos llevado a cabo contra el gobierno constitucional venezolano rondaría en algo más de un billón de dólares. Una noticia entonces publicada por CNN el 29 de julio de 2022, indicaba que el monto real del valor de estas 32 toneladas sería de “$2,000 millones en oro”.

Las 32 toneladas de oro venezolano habían sido entregadas o depositadas por Banco Central de Venezuela en el Banco de Inglaterra, asignándole a este segundo el carácter de “custodio”, por lo que es la Junta del Banco Central de Venezuela era “la única que puede administrar las reservas internacionales del país.” Señalaba el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, que la posición adoptada por el tribunal británico sentaba “un precedente terrible que hará que nadie en el mundo confíe sus recursos al Banco de Inglaterra.”

La incautación de activos de la República Bolivariana de Venezuela en el exterior no se limitó a esta cantidad en el Banco de Inglaterra. Venezuela también sufrió la incautación de varias refinerías de petróleo en suelo estadounidense, de cientos de estaciones de gasolina a través de los distintos estados de la Unión y otras medidas de carácter económico como resultado del bloqueo impuesto por los Estados Unidos al país, incluyendo la confiscación de otros activos en suelo estadounidense.

En una reciente publicación del New York Times, bajo la firma de Anatoly Kurmanaev, Tyler Pager y Rebecca R. Ruíz de 28 de septiembre de 2026, se indica que a principios del mes de marzo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió en Casa Blanca con Doug Burgum, Secretario del Interior de Estados Unidos. En el encuentro, un empresario de nombre Richard Holtum, llevó diez lingotes de oro venezolano extraído de dicho país suramericano. Indica el escrito que Trump aprovechó la captura de Nicolás Maduro efectuada el 3 de enero de 2026 “para obtener el control de los recursos de Venezuela.” Indican a tales efectos los autores lo siguiente:

“Primero, tomó el control de las exportaciones de petróleo de Venezuela. Después, su gobierno se volcó hacia la riqueza mineral del país. Eso incluía una de las mayores reservas de oro sin explotar más grandes del mundo, en un momento en que los precios rondaban máximos históricos y los compradores estaban ávidos de conseguirlo.”

Indican los autores que una investigación llevada a cabo por el New York Times, que abarca desde Venezuela a Casa Blanca y las casas de comercio en Europa, “encontró que Trump alineó a Estados Unidos con una industria todavía plagada de la misma criminalidad que, según él, enfrentaba al detener a Maduro.”

¿De qué estamos hablando al referirse a “la misma criminalidad”?
Debemos recordar que durante meses y años el discurso de Casa Blanca, y en particular de Donald Trump, fue acusar a Nicolás Maduro y funcionarios de su gobierno de ser parte de una red de corrupción vinculada con organizaciones del narcotráfico, de los carteles de drogas y de la explotación ilegal de los recursos naturales de Venezuela, particularmente el petróleo y los minerales. Si bien antes se indicaba que de la explotación de los recursos naturales de Venezuela se beneficiaban países contrarios a los intereses de Estados Unidos, como el caso de la República Islámica de Irán, al presente quien pretende beneficiarse de esa explotación en muchas ocasiones ilegal, son las propias empresas de capital estadounidense.

Una de estas empresas privilegiadas es Trafigura, a la cual se le han hecho concesiones para vender el petróleo venezolano del cual Estados Unidos se ha apropiado dizque a base de acuerdos negociados con el actual gobierno precisamente encabezado por la hoy “Presidenta Encargada”, Delcy Rodríguez.

Ejecutivos de Trafigura han señalado que dicha empresa se encuentra también detrás del permiso recientemente dado por la Administración Trump para la venta del petróleo venezolano. Estos no dejan de señalar, que ante el alto precio del oro en los mercados internacionales, también tienen “ambiciones” en torno al oro venezolano, catalogando el mismo como un asunto de “seguridad nacional”.

Se indica que Trump había puesto su mira en el oro venezolano desde el inicio de su mandato en 2025, lo que junto a su codicia por los recursos petroleros de dicho país convirtieron a Venezuela en una “prioridad para la política exterior” estadounidense. Esto fue lo que le llevó a la designación de Richard Grenell, persona de su confianza, a gestionar y negociar el acceso de Estados Unidos a los recursos naturales de Venezuela. El tranque en una negociación que incluía la demanda de Estados Unidos de la salida de la presidencia venezolana de Nicolás Maduro llevó a Trump a optar por la solución militar que se materializara el 3 de enero de 2026.

Al presente, Estados Unidos ha impuesto al gobierno venezolano condiciones severas para permitir su supervivencia al frente del Estado. Se habla del establecimiento en Venezuela de un “protectorado”, permitiendo así la continuación del gobierno existente al momento de la agresión militar,

Entre las condiciones más discutidas se encuentra el manejo de decenas de millones de barriles de petróleo que quedarán bajo el control de empresas estadounidenses, incluyendo el manejo de beneficios por parte del Departamento de la Defensa (ahora Departamento de Guerra); y el control de los ingresos por el oro venezolano, que deberán ser depositados en una cuenta cuyo manejo y distribución la controlaría el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

En el nuevo escenario, también se indica que la empresa Trafigura  antes mencionada, se asociará con la empresa Minerven, la productora estatal de oro de Venezuela, donde de acuerdo con  el “Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico e Industrias Básicas”, ya fue pautado a partir de marzo de 2026 un acuerdo por un año de compra y exportación de oro en las minas subterráneas de Venezuela. A poco de la firma del acuerdo, se indica que físicamente fueron trasladados a Estados Unidos $100 millones en oro. Se estima que bajo el acuerdo negociado podría estar exportándose a Estados Unidos mensualmente hasta 880 libras de oro semi puro “para su refinación y posterior venta.”

Se indica que decenas de oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana continúan ocupando puestos directivos en la empresa estatal, a pesar de que apenas unos meses atrás, el discurso de Trump era dirigido a vincular las fuerzas armadas bolivarianas como una entidad corrupta en lo relacionado con la industria del oro en Venezuela.

Además de la producción de oro bajo el acuerdo entre estas dos empresas, Trafigura y Minerven, en Venezuela existen “cientos de operaciones mineras rudimentarias y de gestión privada”, tanto individuales como colectivas, incluso cooperativas, que “extraen oro y entregan una parte al grupo criminal local, el ‘Tren de Guyana’, como una cuota de protección.” Indican los autores que el 90% del oro venezolano proviene de actividades al margen de la ley.

Otras empresas comerciales también han ido alcanzando acuerdos con el gobierno de la presidenta Delcy Rodríguez, como es Mercuria, empresa rival de Trafigura. Se estima que los acuerdos alcanzados con ambas empresas podrían alcanzar eventualmente 2.2 millones de dólares en exportaciones anuales.

Como puede notarse, cada día llega nueva información que de alguna manera compromete la gestión de la “presidenta  encargada” de Venezuela, Delcy Rodríguez en su compromiso con la Revolución Bolivariana.

El silencio sobre el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela en ocasiones se torna ensordecedor.

Habrá que ver hasta dónde llega el compromiso de la “presidenta encargada” con los valores inspiradores del pensamiento bolivariano de Hugo Chávez Frías, la defensa de la soberanía nacional y el antiimperialismo consecuente inspirador del proceso bolivariano, con el actual curso seguido por el gobierno del hermano país tras la agresión efectuada el 3 de enero de 2026 contra el pueblo venezolano.