El Tribunal Permanente de los Pueblos define el delito de lesa humanidad como sigue: “Los crímenes de lesa humanidad son delitos, porque constituyen afrentas a la dignidad humana, y en cuanto hieren y ofenden a la humanidad como humanidad. Ninguna “Razón de Estado” puede legitimarlos; ninguna legislación nacional puede tolerarlos.”

Nuestra nación lleva más de dos años de continuas agresiones, de  atropellos descarados y violentos contra su cultura, su Constitución, sus leyes e instituciones. Luis Fortuño despidió a 30 mil empleados públicos y terminó sus convenios colectivos. Con ese acto, los envió junto a sus familias a la extrema pobreza, a la desesperanza, y a todos los males sociales  que se le  asocian. 

Sufrimos violencia en carne propia, en la de nuestros hijos y nietos, en la de nuestros hermanos y compañeros. La Policía nos ha golpeado, pateado,  rociado con gas pimienta, disparado con balas de goma en los recintos de la UPR, especialmente el de Río Piedras, en la Avenida Universidad, en el Centro de Convenciones, en el Capitolio, en la Isleta de San Juan, y en las huelgas, piquetes y protestas.  Todos esos actos fueron respuestas violentas a protestas y manifestaciones no violentas. ¿Podrían catalogarse estos actos como delitos de lesa humanidad?

“Las políticas que Fortuño ha adoptado dan contra la existencia misma de este pueblo, tanto en lo económico como en lo cultural. Tirar a la calle a veinte o treinta mil trabajadores con sus familias es una forma  de genocidio, que trajo consigo una pléyade de problemas sociales y económicos. No es casualidad que al  adoptar estas medidas se hayan disparado los asesinatos, la violencia contra la mujer, los suicidios, las quiebras, las ejecuciones de hipotecas. Todo esto está relacionado.”

“Cualquier gobernante que le cause un sufrimiento moral  de esa naturaleza a su pueblo, es un criminal.”