Alejandro Torres Rivera

En la semana en curso ha circulado en distintos medios noticiosos información que apunta a un recrudecimiento de tensiones en la región del Medio Oriente y Asia Central, ello a partir del diferendo entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán. Se informa de una parte que, a nivel de la Rama Ejecutiva, Estados Unidos ha considerado una propuesta, requerida por los halcones de la guerra cercanos al presidente Donald Trump, John Bolton y Mike Pompeo, a los fines de la presentación con urgencia de un plan de acción militar para la región. Su elaboración parte del examen de distintos escenarios de involucramiento militar de Estados Unidos contra la República Islámica de Irán, y suponen, entre otras cosas, la movilización hacia Iraq y otros destinos en el Medio Oriente de unas 120 mil tropas estadounidenses. Esta cantidad, se indica, es similar a la que Estados Unidos desplazó hacia el Medio Oriente previo a su invasión a Iraq bajo la presidencia de George W. Bush en el año 2003. Este desplazamiento de tropas se produciría a la par con la presencia del portaaviones USS Abraham Lincoln (CVN-72) y su grupo de combate en aguas del Golfo Pérsico. A través del Golfo Pérsico navega una gran cantidad de embarcaciones transportando 19 millones de barriles de petróleo diariamente.

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Desde su llegada a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump dejó clara su intención de revertir los acuerdos negociados en el mes de julio de 2015 por el presidente Barack Obama con la República Islámica de Irán relacionados con el programa nuclear desarrollado por la República Islámica de Irán. Estos acuerdos fueron alcanzados gracias a la participación de la Federación Rusa, la República Popular China, y representando el interés de la Unión Europea, el Reino Unido de la Gran Bretaña y Alemania. Los acuerdos se conocen como Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC). El Plan dispuso que durante los siguientes 15 años la República Islámica de Irán no podría acumular más de 300 kilogramos de uranio enriquecido al 3.67% y que cualquier excedente que produjera, se enviaría a terceros países para ser almacenados, particularmente en la Federación Rusa.

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“No podrán entender la voluntad absoluta de defender esta Revolución,
nuestra Constitución Bolivariana, la independencia nacional y
el derecho del pueblo de constituir su futuro.”

Nicolás Maduro Moros
1^ro. de mayo de 2019

Con el título de “Operación Libertad”, el autodenominado presidente de “encargo” de Estados Unidos en Venezuela, Juan Guaidó, convocó nuevamente a sus turbas en un intento desestabilizador que lleve al derrocamiento del gobierno del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. En la víspera del Primero de Mayo, fecha en que a nivel mundial se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores(as) y que el movimiento obrero venezolano, junto con las organizaciones revolucionarias y de masas, saldrían a la calle a expresarse, Guaidó, en un mensaje grabado en video y circulado a los medios internacionales, hizo la representación de contar con el apoyo de la Fuerza Armada Bolivariana y, en consecuencia, pidió al pueblo lanzarse a la calle a echar abajo al gobierno del presidente Maduro.

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El pasado 17 de abril, en ocasión de cumplirse un aniversario de la invasión a Cuba en Playa Girón en 1961, el gobierno de la República de Cuba emitió un comunicado relacionado con la intención del gobierno de Estados Unidos de poner en vigor los Títulos III y IV de la Ley Helms Burton a partir del 2 de mayo de 2019. Estos dos títulos habían quedado en suspenso desde la aprobación de la Ley en 1996. Mediante los mismos, se autorizaría a quienes tenían propiedades en Cuba al triunfo de la Revolución y fueron nacionalizadas, a iniciar procesos judiciales en los tribunales de Estados Unidos para recuperar tales propiedades u obtener compensaciones monetarias. En la lista de tenedores de tales propiedades se incluyen, además de entidades cubanas, entidades extranjeras que hoy hacen negocios en Cuba, ello sin importar que estén fuera de la jurisdicción del gobierno estadounidense.

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